Financiamiento Equitativo
1. Mecanismos generales de financiación de la educación
2. Políticas y programas para proporcionar recursos a las escuelas
3. Políticas y programas educativas para proporcionar recursos a los estudiantes
4. Políticas y programas sociales para proporcionar recursos a los estudiantes y sus familias
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. El gobierno central representa el 91% en el financiamiento de los sistemas de educación pública por fuentes de financiamiento, que se redistribuye a los gobiernos locales. La política de descentralización introducida en Colombia en 2001 con la aprobación de la Ley 715 del 21 de Diciembre de 2001, que dio más autonomía a un grupo de municipios, influyó en la equidad y la eficiencia del gasto.
La transferencia más importante en Colombia es el Sistema General de Participaciones (SGP), que representa el 65% del gasto total en educación. El SGP se deriva de los ingresos fiscales y no fiscales recaudados por el gobierno central, la mayoría de los cuales se envían a Entidades Territoriales Certificadas[1] (ETC). Las ETC tienen la competencia de administrar el servicio educativo en su jurisdicción. El monto de la transferencia está determinado por fórmulas definidas que incluyen un componente de rendimiento que asigna más fondos a regiones de mayor rendimiento y reglas nacionales que definen los salarios de los maestros en todas las escuelas.
Hay tres transferencias de SGP que se pueden utilizar para la educación: i) Educación de SGP que constituye más de la mitad del SGP, ii) Propósito general de SGP y iii) Comidas escolares de SGP. Las ETC deben gastar el dinero en una serie de categorías específicas que representan el 92% de la cantidad total de recursos, la mayoría de los cuales se destinan a pagar la nómina del personal.
El propósito general de SGP es discrecional a nivel de ETC, lo que significa que el municipio puede o no puede usar los fondos para cubrir los gastos escolares, mientras que SGP Comidas Escolares está destinado a financiar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Por último, Colombia también tiene una pequeña cantidad de dinero que fluye desde el gobierno central hasta el nivel escolar (Fondo de Educación Gratuito) para ser administrado y gastado por los directores en las operaciones de la red escolar.
La segunda fuente de recursos en orden de magnitud es representada por “Otras Transferencias del Nivel Central” (OTNC), las cuales están destinadas mayormente al pago de aportes sociales del personal docente (90%) y a algunos gastos relacionados con primera infancia, alimentación escolar y otros rubros menores. Esta fuente representó el 14% del financiamiento estatal de la EPBM de 2016. Sin embargo, están fuertemente concentrados en algunas entidades territoriales como Bogotá, Medellín, y Barranquilla.
En 2016, el gobierno central financió la mayor parte del sistema de educación pública, representando el 91% del total de recursos.
[1] La Ley 715 del 2001 estableció que todos los municipios con más de 100,000 habitantes serían municipios certificados y aquellos que no superen los 100,000 habitantes, se podrán certificar si cumplen con ciertas capacidades técnicas, administrativas y financieras.
El Ministerio de Educación ha planteado una serie de programas y proyectos por nivel educativo. En educación inicial la meta es brindar un complemento alimentario y material didáctico a todos los niños matriculados. En educación primaria y secundaria, se propone construir nuevas aulas y escuelas, dotación de recursos educativos y textos escolares a todos los estudiantes del sector oficial.
En cuanto a la alimentación escolar, la meta es brindar refrigerio y almuerzo a la matricula oficial de jornada única, la que equivale a 7 millones y medio de estudiantes. En este sentido, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ofrece complementos alimentarios de alto valor nutricional a estudiantes matriculados en el sistema educativo de gestión estatal. Su propósito es contribuir a garantizar el acceso, la permanencia y el aprendizaje de los niños y adolescentes. El plan de gasto público del 2019 para la Implementación del PAE es de $ 1,075 mil millones (US $ 343 millones), que representa el 26% del presupuesto total de inversión pública.
Programa de Alfabetización. Ofrece educación a jóvenes y adultos mayores de 15 años que no han accedido al sistema educativo o han olvidado las bases de lecto escritura por desuso. El propósito es contribuir al desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales. Entre 2011 y 2014, se vieron beneficiados 456.000 individuos de 76 ETCs; 14.196 docentes fueron capacitados en modelos flexibles y la inversión realizada fue de COL$ 72.274 millones.
Los Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva (2013) plantean la necesidad de reducir las brechas existentes entre las poblaciones, regiones e instituciones en la educación superior. Estos lineamientos se dirigen princialmente a cubrir necesidades específicas de personas en situación de discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales, grupos étnicos, población víctima del conflicto armado interno, población armada en proceso de reintegración y población habitante en la frontera. En 2019 el gobierno ha aprobado proyectos para fortalecer la educación con un enfoque diferencial para niños y jóvenes de grupos étnicos, fortalecer la continuidad escolar de personas víctimas del conflicto y población vulnerable en general.
El Fondo de Créditos Condenables está dirigido a estudiantes afrocolombianos de bajos recursos económicos y buen desempeño académico. El objetivo es facilitar el acceso, la permanencia y la graduación de estos estudiantes al sistema de educación superior.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) ofrece el programa "Ser Pilo Paga", una estrategia que permite ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y graduación en la educación superior a distintos grupos sociales y comunidades territoriales. ICETEX también ofrece las Becas Ser, las cuales buscan fomentar el acceso y permanencia en la educación superior de estudiantes de estratos sociales vulnerables a través del apoyo del sector productivo. El objetivo de estas becas es recaudar y administrar donaciones del sector privado para fomentar la educación superior en Colombia.
Más Familias en Acción (2001) es un programa de transferencias monetarias condicionadas bimestral dirigidas a familias en situación de pobreza, en condición de desplazamiento o comunidades indígenas con hijos menores de 18 años. El programa cuenta con un subsidio educativo que tiene como corresponsabilidad la asistencia escolar. En 2017, se gastaron en el programa COL$ 1.9 billones (US $ 643 millones), que representan el 0,2% del PIB, beneficiando a 2,5 millones de hogares (8,4% de la población).
