INCLUSIÓN
3. Leyes, polÌticas y programas
6. Docentes y personal educativo
Educación Inclusiva
La Ley General de Educación (2019) define la educación inclusiva como el conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos.
Una segunda definición puede encontrarse en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) que define la educación inclusiva como “la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos”.
Educación Especial
Según la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011), la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.
De acuerdo con la Ley General de Educación (2019), la educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en esta Ley.
Necesidades Educativas Especiales
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) determina que las necesidades educativas especiales comprenden entre otras, las dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes.
El Título Tercero de la Ley General de Educación (2019) hace referencia al Sistema Educativo Nacional. La educación que se imparte en el Sistema se organiza en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas.
Educación Especial
De acuerdo el artículo 63 de esta ley, la educación especial es una opción educativa para los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá impartirse la educación con programas o contenidos particulares de manera que se garantice su oportuna atención. La educación especial se desarrolla en el marco de la educación inclusiva (Capítulo VIII) y busca adaptar el sistema para responder con equidad a las necesidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos los educandos. Se presta para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de educación obligatoria y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje.
Se establece en el Sistema Educativo Nacional un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Así mismo, se busca asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) buscó establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad. Se busca impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo. La educación especial se destina a las personas con discapacidades transitorias o definitivas y a aquellas con aptitudes sobresalientes. Se busca desarrollar programas y apoyos que permitan a estas personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así́ la desatención, deserción, rezago o discriminación.
Educación indígena
La educación indígena forma parte del Sistema Educativo Nacional conforme al Capítulo VI de la Ley General de Educación. Atiende las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertenencia cultural y lingüística. Igualmente busca fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) en preescolar y primaria, la educación básica dispone de servicios denominados “indígenas”, que buscan responder a las características lingüísticas y culturales de los diversos grupos originarios del país. Sin embargo, la modalidad indígena no existe en ocho entidades federativas: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. 66,5% de las primarias indígenas es multigrado. Por otro lado, la educación intercultural se aplica sólo para escuelas de modalidad indígena y no en todas las entidades.
Educación Comunitaria
La Educación Comunitaria es una de las respuestas para cumplir con el mandato constitucional de ofrecer educación básica a la población que por diversas circunstancias carece de acceso. Está a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) quien busca ampliar y diversificar las oportunidades educativas para que los niños, niñas y jóvenes de las localidades con alto y muy alto rezago social y educativo del país, reciban los beneficios de la educación inicial, se inscriban, permanezcan y culminen su educación básica
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 reformada por última vez en Marzo de 2020, garantiza el derecho a la educación. El artículo 3º decreta que “El Estado- Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.” La educación impartida por el Estado será de carácter gratuito.
En mayo de 2019 fueron agregados los incisos e, f y g al artículo 3 de la Constitución Política. Se establece que la educación será inclusiva “al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos” y será intercultural “al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social." Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación en la educación. Así mismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y trasversales.
La Ley General de Educación de 1993, reformada por última vez en enero de 2018, fue la encargada por más de 20 años de regular la educación impartida por el Estado mediante las entidades federativas y municipios, los organismos descentralizados y los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios. En 2016, el Senado de la República modificó la Ley General de Educación para hacerla inclusiva. Con esta modificación se enfatiza el enfoque inclusivo de la educación especial, se promueve la provisión de materiales educativos apropiados para atender las necesidades de toda la población, en particular para aquellas niñas y niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales, y se establecen sanciones para las instituciones educativas que no realicen los ajustes razonables pertinentes o que prohíban el acceso y permanencia de alguna persona a causa de su condición física, intelectual, social, de estatus jurídico, racial, cultural o de cualquier otra índole.
El proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva buscó promover el valor de la inclusión y la no discriminación. Se hace énfasis en el enfoque inclusivo de la educación especial la cual tiene como propósito “identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes”. La educación especial “atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género.”
En septiembre de 2019, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se expidió la nueva Ley General de Educación y se abrogó la Ley General de la Infraestructura Educativa. La Ley General de Educación (2019) decreta que el Estado ofrecerá a todas las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia y avance académico. El artículo 7 de la ley determina que la educación, además de obligatoria será inclusiva “eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación”. Al ser inclusiva, la educación impartida por el Estado:
- Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos;
- Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;
- Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, y
- Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud;
La Ley General de Educación (2019) obliga al Estado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia y promueve la nueva escuela mexicana. Se establece que “el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad”. La educación se rige por los principios de equidad y excelencia y será integral, intercultural e inclusiva.
La educación inclusiva (Capítulo VIII) se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Se busca favorecer la plena participación de todos los educandos e instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Nacional por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras.
El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 buscó fortalecer los principios de inclusión y extender la cobertura para facilitar el acceso a la educación en todos los niveles. Se hace un llamado a comprometer mas esfuerzos y recursos para elevar la calidad de educación para la población más vulnerable. El PSE estableció 6 objetivos cada uno acompañado de sus respectivas estrategias y líneas de acción. El objetivo 3 busca “asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.
Para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, se buscó ampliar las oportunidades de acceso a la educación, de permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población. Para ello, se buscan crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes e incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Así mismo, se busca reforzar la educación intercultural y bilingüe en todos los niveles educativos en beneficio de la población que vive en zonas remotas. Se busca dar más apoyos a las escuelas indígenas y fortalecer la educación comunitaria y los programas compensatorios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para llevar la educación básica a las comunidades más aisladas y proveer apoyo a las escuelas marginadas.
Además de las acciones para grupos específicos, el PSE establece acciones que deberán dirigirse para los grupos vulnerables en general como el desarrollo de mecanismos para identificar oportunamente a las poblaciones excluidas del sistema educativo y la dotación de becas educativas.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 busca garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar para todos los mexicanos. Quiso extender el derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior y una mayor inversión en infraestructura. Se promueven una serie de programas como las Becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Construyendo Futuro” para promover el derecho a la educación de los niños y jóvenes en situación de pobreza.
De acuerdo Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2017, las personas con discapacidad y las personas indígenas son dos grupos en mayor situación de discriminación. El 25.1% de las personas con discapacidad y el 20.3% de declararon haber sido discriminadas en el último año, en al menos un ámbito social. La discriminación múltiple afecta principalmente a las mujeres indígenas con algún tipo de discapacidad, significando una restricción a sus derechos y libertades.
El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) surge en 2014 para el fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa, del servicio de la educación telesecundaria y de las acciones asociadas a la educación indígena y el fortalecimiento del Programa de Educación Básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes (PRONIM), entre otras. Busca eliminar las barreras para el aprendizaje que limitan el acceso a la educación de la población en contexto de vulnerabilidad a través de mejoras en infraestructura y equipamiento de instituciones de educación básica, media superior y superior. Se concibe la inclusión la herramienta que permite alcanzar un mayor acceso educativo con una educación de calidad sin discriminación alguna, considerando a los niños y niñas con discapacidad, poblaciones indígenas, poblaciones rurales, migrantes o estudiantes que han abandonado el sistema educativo.
Discapacidad
La Ley General de Educación (2019) establece que, en el marco de la educación inclusiva, el Estado proporcionará a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad. Se garantiza el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación a través de la prestación del servicio de educación especial y el establecimiento de un sistema de diagnóstico temprano y de atención especializada.
De acuerdo con el artículo 65, para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas:
- Facilitarán el aprendizaje del sistema Braille, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo necesario;
- Facilitarán la adquisición y el aprendizaje de la Lengua de Señas dependiendo de las capacidades del educando y la enseñanza del español para las personas sordas;
- Asegurarán que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social;
- Asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad, y
- Proporcionarán a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Promueve y se rige por los principios de accesibilidad, no discriminación e igualdad de oportunidades. En materia de educación, se promueve la educación inclusiva como mecanismo para garantizar la integración de las personas con discapacidad en los planteles de educación regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.
El Capítulo III hace referencia a la educación de las personas con discapacidad. Decreta que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en los planteles y centros educativos. Así mismo, se establecerán mecanismos para que las niñas y niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como a la atención especializada. Se reconoce la Lengua de Señas Mexicana como una lengua nacional que forma parte del patrimonio lingüístico de la nación mexicana. Serán reconocidos el Sistema Braille y los modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad.
El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 reconoció que aún existe un largo camino por recorrer para garantizar condiciones de acceso, permanencia, participación y logro de los aprendizajes de los alumnos con necesidades educativas especiales. Se crearán nuevos espacios para la atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes a través del uso de nuevos modelos educativos, materiales didácticos, la formación de los docentes y el apoyo a las escuelas. La estrategia 3.5 del PSE busca “impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos”. Entre las líneas de acción que fueron definidas están:
- Actualizar el marco regulatorio con un enfoque para la inclusión en todos los niveles educativos.
- Alentar y promover modelos y prácticas escolares que permitan la inclusión en todos los niveles educativos.
- Promover acciones para detectar y atender adecuadamente a alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes.
- Otorgar apoyos a personas con discapacidad que los habiliten para continuar sus estudios durante todo el trayecto educativo
Así mismo, se buscó promover la educación básica y media superior de las mujeres con discapacidad, con VIH-SIDA y adultas mayores.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se promueve el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que apoya a jóvenes hasta 29 años que tienen discapacidad permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que viven en comunidades indígenas. Con este programa el gobierno busca garantizar los derechos de niños, jóvenes e indígenas con discapacidad y luchar contra el racismo y la discriminación de estas personas.
El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa busca ampliar las oportunidades educativas y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y personas con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos. En el 2016, el programa benefició a 177,100 alumnos con discapacidad.
Género
En materia de género, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformada por última vez en marzo de 2020 establece que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral. Se favorece la educación de las mujeres indígenas.
Se promueve la igualdad de género en distintos instrumentos legales. El capítulo III de la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación (2003) estipula medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades entre las que se encuentran incentivar la educación mixta, fomentando la permanencia en el sistema educativo de las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares. El artículo 17 de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres (2006) reformada por última vez en junio de 2018, promueve una Política Nacional en Materia de igualdad entre mujeres y hombres. En el sistema educativo, la inclusión tiene como objetivo la formación y el respeto de los derechos y libertades y de la libertad de hombres y mujeres y la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El artículo 36 busca garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación. Por otro lado, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2007) reformada por última vez en abril de 2018 busca fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Por último, la Ley General de Educación (2019) buscó combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres.
Una de las líneas de acción transversales del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 es la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres. Se busca establecer códigos de conducta en las escuelas para eliminar la violencia entre varones, mujeres, niñas y adolescentes; promover la formación docente sensible al género, el respeto a los derechos humanos y la no violencia; y establecer un mecanismo para detectar la violencia escolar y familiar en el sistema escolar. También se pretende fortalecer la educación sexual con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y competencias para la vida en todos los niveles y modalidades educativas.
México cuenta con un Modelo de Equidad de Género (MEG) que surgió en 2003 y es pionero en América Latina. Tiene un valor legal y articula normas jurídicas internacionales, generales y federales junto con acciones afirmativas como la no discriminación y la prohibición de la violencia contra las mujeres.
El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad) obedece a la obligación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno. Así mismo, responde a los compromisos suscritos por el Estado Mexicano en el marco de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).
El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) contribuye a la Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres al incorporar la perspectiva de género en las acciones del gobierno y de la administración pública estatal y municipal.
México ha promovido políticas en materia de educación para combatir la deserción escolar de niñas y la alta tasa de embarazo adolescente en el país. Cuenta por ejemplo, con una Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. Así mismo, ha tratado de mejorar el acceso en la primera infancia a la educación. Según el estudio de la OECD Construir un México Inclusivo: Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género (2017) las mujeres en México tienen casi 4 veces más probabilidades de no estudiar ni trabajar que los hombres. El 35% de las mexicanas entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan. De acuerdo con la OECD, a pesar de múltiples esfuerzos para integrar la perspectiva de género en todas las acciones del gobierno, todavía persisten las brechas de género en el país.
Población Indígena y grupos étnicos y lingüísticos
México ratificó en 1990 el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y se adhirió a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Federación, las entidades federativas y los Municipios deberán promover la igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Así mismo, deberán garantizar e incrementar los niveles de escolaridad de los pueblos indígenas en todos los niveles y favorecer la educación bilingüe e intercultural. Se desarrollarán programas educativos que reconozcan la herencia cultural de estos pueblos con la participación de las comunidades indígenas.
La Ley General de Educación (2019) promueve la educación indígena en el Capítulo VI y la participación de los pueblos y las comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la Nación. El Estado garantiza los derechos educativos, culturales y lingüísticos de todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Así mismo, se compromete a reconocer, valorar, preservar y desarrollar la tradición oral y escrita indígena y a promover las lenguas indígenas nacionales como medio de comunicación y fuente de conocimiento.
La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) reformada por última vez en junio de 2018 tiene como objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas. El artículo 11 decreta que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.
México es el país de Latinoamérica con mayor población indígena. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el país cuenta con 364 variantes lingüísticas y 68 agrupaciones lingüísticas. A pesar de contar con diversas leyes, políticas y acciones para promover y mejorar la educación indígena en México, la población infantil indígena muestra un enorme rezago educativo con altas tasas de analfabetismo y bajos niveles de escolaridad.
Existen diversos programas operados por distintas dependencias gubernamentales que buscan contribuir a mejorar la educación indígena. En el 2016, según el INEE se habían identificado 29 acciones, estrategias y programas para la atención educativa de niños y niñas indígenas operados por ocho instituciones a nivel federal.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) publicó en 2013 un tomo sobre educación inclusiva como parte de la colección Legislar sin Discriminación. Según el Conapred, la población indígena es el grupo en situación de discriminación al que menos se le respetan sus derechos. Garantizar el derecho a la educación inclusiva implica garantizar una educación intercultural, de manera que se reconozcan las diferencias entre alumnos y alumnas como un recurso de aprendizaje.
El PSE 2013-2018 buscó “impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos y reforzar la educación intercultural y bilingüe para poblaciones que hablan lenguas originarias”. Para ello se buscó:
- Priorizar los modelos de escuelas de jornada ampliada y de tiempo completo en la educación indígena y en las escuelas multigrado.
- Privilegiar la expansión de oportunidades educativas hacia zonas tradicionalmente mas desfavorecidas, con modelos cultural y lingüísticamente pertinentes.
- Ofrecer becas de transporte y otras que permitan a la población rural dispersa desplazarse a otras poblaciones cuando esta sea la mejor opción educativa.
- Asegurar la pertinencia cultural y lingüística del currículo y los materiales educativos para atender la diversidad lingüística en las escuelas.
Así mismo, se buscó incentivar el acceso de las mujeres indígenas en todos los niveles de educación mediante el otorgamiento de becas.
El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas busca fortalecer y promover la educación indígena intercultural en todo el sistema educativo y garantizar el respeto y la protección de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia y discriminación pertenecientes a los pueblos indígenas y afromexicano. Así mismo, busca disminuir la deserción escolar de los niños, niñas y jóvenes indígenas y afromexicanos en la educación básica, media superior y superior.
Ruralidad
La Ley General de Educación (2019) establece en el artículo 102 que las autoridades educativas “atenderán de manera prioritaria las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades.”
El PSE 2013-2018 buscó impulsar la universalización de la secundaria y la transición al bachillerato de las poblaciones rurales y marginadas.
Por varios años el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) ha brindado atención educativa a los niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes y/o asentadas de 3 a 16 años. Opera en los centros educativos ubicados en las comunidades y en los campamentos agrícolas y brinda las condiciones para que con la participación de docentes, asesores escolares, asesores técnico-pedagógicos, se lleve a cabo una atención educativa de calidad a esta población. El PRONIM trabaja bajo un enfoque intercultural bilingüe y tiene como propósito el desarrollo de un modelo de educación integral teniendo en cuenta las particularidades de esta población.
Pobreza
La Ley General de Educación (2019) establece en el artículo 9 políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación.
El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez está dirigido a menores de 18 años en situación de pobreza extrema que estudian en una escuela pública. Otorga una beca por familia por 800 pesos mensuales entregados de manera bimestral durante el ciclo escolar. Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García iniciaron sus actividades en marzo 2019 con 100 planteles en 31 entidades. Se privilegiaron las zonas de alta densidad poblacional con poca oferta de estudios universitarios y alto grado de rezago social, marginación y violencia. Las escuelas universitarias se distribuyen principalmente en Oaxaca (11 planteles), Ciudad de México (10 planteles), Veracruz (8 planteles) y Chiapas y Guanajuato (6 planteles).
Un segundo programa, Jóvenes escribiendo el futuro, busca dar apoyos económicos a los jóvenes de menos de 29 años que estén inscritos en un centro de educación superior y vivan en un hogar en situación de pobreza. El programa da prioridad a indígenas, Afrodescendientes, personas que viven en una zona de atención prioritaria y personas que viven en contextos de violencia.
La Ley General de Educación de 2019 regula la educación que imparte el Estado a través de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y sus Municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.
En materia de educación inclusiva, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su facultad de autoridad federal educativa, emite lineamientos en los cuales se determinan los criterios orientadores para la prestación de los servicios de educación especial a los que hace referencia la Ley General de Educación y para garantizar que se cumpla con el principio de inclusión.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la autoridad educativa federal. Coordina el trabajo de las distintas entidades federales y municipales en materia de educación. Cuenta con distintas direcciones como la Dirección General de Educación Indígena, la Dirección General de Evaluación de Políticas y la Dirección General de Materiales Educativos entre otras. La Secretaría de Educación del Estado de México es la a dependencia que se encarga de conducir la política educativa a cargo del Gobierno del Estado de México, y desarrollar las acciones que tiendan a su cumplimiento.
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) es un organismo descentralizado que tiene como tarea brindar servicios de educación inicial y básica a niños y adolescentes que habitan en localidades marginadas y/o con rezago social.
En virtud de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (lfped) se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), órgano federal del Estado mexicano que tiene por objeto llevar a cabo acciones para prevenir y eliminar la discriminación en nuestro país, así como formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en el territorio nacional
Género
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es una entidad del gobierno federal encargada de la promoción y fortalecimiento de políticas de género. Es el responsable de coordinar la Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) cuya población objetivo son las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la Ciudad de México. El PFTPG busca incorporar la perspectiva de género en las acciones de la administración pública estatal.
Educación indígena
El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y municipios- reconoce, protege y promueve la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es la institución orientadora para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.
En materia de educación, la SEP trabaja junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para el reconocimiento e implementación de la educación indígena en todos sus tipos y niveles, así como para la elaboración de planes y programas de estudio y materiales educativos dirigidos a pueblos y comunidades indígenas. La Dirección General de Educación Indígena es la entidad de la SEP encargada de la promoción de políticas de EIB. Está a cargo del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa y su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.
Infraestructura y servicios
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) promovió condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad.
La Ley General de Educación (2019) promueve una serie de medidas para garantizar la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles destinados a la prestación del servicio público de la educación. Se atenderá de manera prioritaria las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades. En materia de inclusión, se realizarán acciones, de manera gradual, orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos que mejoren las condiciones para la infraestructura educativa.
El PSE 2013-2018 buscó adecuar y equipar los planteles educativos para eliminar o reducir las barreras físicas que impiden el acceso y la participación de los estudiantes con discapacidad.
El Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, buscó disminuir el rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y el fortalecimiento de gestión para el mejoramiento de la prestación del servicio educativo.
El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2017-2018 buscó eliminar las barreras para el aprendizaje que limitan el acceso a la educación de la población en contexto de vulnerabilidad. Para ello, se busca fortalecer los servicios educativos mediante la realización de adecuaciones en las instalaciones, la dotación de equipos y apoyos económicos a los planteles federales de las unidades o direcciones adscritas a la educación media superior en el sistema educativo nacional.
De acuerdo con datos del INEE de 2017, el 9,5% de las primarias indígenas multigrado carece de servicios básicos. Existen programas y estrategias para mejorar la infraestructura en las escuelas indígenas como el Programa Escuelas al Cien, Programa de la Reforma Educativa y el Programa Escuelas de Tiempo Completo del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Currículo
La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) buscó incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y evolución de las lenguas indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a la cultura nacional
La Ley General de Educación (2019) establece que la SEP determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y además de aquellos planes y programas de estudio aplicables para la formación de maestras y maestros de educación básica. Para la elaboración de los planes y programas de estudios la SEP considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de los distintos actores involucrados en la educación. Las autoridades educativas de los gobiernos de las entidades federativas y municipios podrán solicitar a la Secretaría actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio, para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y fomentarán la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria.
El PSE 2013-2018 buscó asegurar la pertinencia cultural y lingüística del currículo y los materiales educativos para atender la diversidad lingüística de las escuelas.
TICs y Materiales de aprendizaje
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) buscó proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y demás apoyos necesarios para garantizar su educación. Se incluye la enseñanza del sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la educación pública y privada, fomentando la producción y la distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles.
La Ley General de Educación (2019) busca elaborar, editar, actualizar, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas del territorio nacional. El capítulo XI hace referencia al uso de las tecnologías de la información y comunicación y del aprendizaje digital para la formación con orientación integral del educando. Las TICs serán usadas como complemento de los demás materiales educativos y tendrán como objetivo fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje.
A partir de 2014, el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) buscó reducir la inequidad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para las niñas y niños de quinto y sexto año de escuela primaria, sus familias y sus escuelas. El programa busca fortalecer el sistema educativo mediante la entrega de dispositivos personales, promoviendo la reducción de la brecha digital y el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Según el programa piloto del PIAD, para el año escolar 2014-2015, se entregaron 709,824 tabletas en 20,542 aulas y 16,740 escuelas de cinco estados de la República: Sonora, Colima, Tabasco, Estado de México y Puebla, y en el Distrito Federal. Para el ciclo escolar 2015-2016 se entregaron 1,073,174 tabletas en quince estados de la República.
Discapacidad
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) buscó incorporar a los docentes y al personal educativo para que intervengan directamente en la integración educativa de las personas con discapacidad. Se promueve la formación, actualización y capacitación para maestros de educación básica, así como programas de formación y certificación de intérpretes y demás personal especializado en la difusión y uso del español y la Lengua de Señas Mexicana.
En el marco de la educación inclusiva, la Ley General de Educación (2019) busca garantizar la formación de todo el personal docente para que, en el ámbito de sus competencias, contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, y preste los apoyos que los educandos requieran;
El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 promovió el desarrollo de las capacidades en docentes, directivos y supervisores para favorecer la inclusión educativa en la escuela regular y otorgar al personal directivo y docente apoyos técnicos y pedagógicos para facilitar la inclusión plena de los alumnos con discapacidad.
La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) cuenta con un programa de formación común de maestros para educación especial.
Ruralidad
La Ley General de Educación (2019) buscó fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar.
Educación de personas indígenas
La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) buscó garantizar que los profesores que atienden la educación bilingüe en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena donde trabajan.
La Ley General de Educación (2019) buscó fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes.
La SEP cuenta con la Estrategia integral para la profesionalización de Docentes de Educación Indígena y con un programa de Formación inicial para docentes en educación preescolar y primaria intercultural bilingüe. La Dirección General de Educación Indígena ha venido trabajando en el proceso de formación y certificación en competencias lingüísticas para docentes hablantes de lenguas indígenas.
México cuenta con un Sistema de Indicadores de Género elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres. El objetivo es que la población general tenga acceso a información actualizada y oportuna con enfoque de género en distintas áreas incluida la educación.
