FINANCIAMIENTO PARA LA EQUIDAD

1. Mecanismos generales de financiación de la educación

2. Políticas y programas para proporcionar recursos a las escuelas

3. Políticas y programas educativos para proporcionar recursos al estudiantado

4. Políticas y programas sociales para proporcionar recursos al estudiantado y a sus familias

 

  1. Mecanismos generales de financiación de la educación

El Estado, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires son los responsables de la financiación del Sistema Educativo Nacional. El gasto público es financiado principalmente por el Ministerio de Educación (87.3%), de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social (10.6%), y de Planificación (2.1%). El gobierno nacional financia el 40% del gasto educativo y las provincias financian el 60%. Las provincias poseen 3 fuentes de recursos para financiar la educación: los ingresos provenientes de impuestos provinciales, los recursos nacionales transferidos automáticamente por el gobierno nacional siguiendo los criterios de la coparticipación, y los recursos transferidos no automáticamente desde la cartera educativa nacional u otros ministerios nacionales.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, provee textos escolares y otros recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y económicos al alumnado y a las escuelas que se encuentren en situación socioeconómica desfavorable. El Estado reconoce, autoriza y supervisa el funcionamiento de las escuelas privadas. Los salarios  del personal docente de escuelas privadas autorizadas son financiados por el Estado, el cual destinó 3.7% del gasto educativo al sector privado en 2016.

  • La Coparticipación Federal de Impuestos (Transferencia Automática, TA) es el mecanismo fiscal de asignación de recursos fiscales incluido. Dicha asignación se realiza a través de la distribución primaria (Estado: 42.34%, jurisdicciones sub-nacionales: 54,36%, 2% para las provincias más vulnerables y 1% al fondo de Adelantos del Tesoro Nacional) y la distribución secundaria. La ley de Financiamiento Educativo del 2005 specifica que una parte de estos recursos deben destinarse a financiar la educación de acuerdo a una formula definida según criterios de tamaño de matrícula, incidencia de la ruralidad y población no escolarizada).
  • Las transferencias no automáticas (TNA) El monto es establecido de acuerdo a los Planes Operativos Anuales Integrales (POAI) que son desarrollados por las provincias y que son luego financiados a medida que las provincias van ejecutando los fondos transferidos previamente.

 

  1. Políticas y programas para proporcionar recursos a las escuelas

PROMER II: busca reducir las tazas de repetición escolar y aumentar la tasa de graduación escolar en escuelas zonas rurales, brindando capacitaciones a docentes, equipamiento escolar, mejoras de infraestructura y distribución de materiales de enseñanza. Es financiado por un préstamo del Banco Mundial de USD250.5m por 4 años (2015-2019), beneficiando al 60% de la población estudiantil rural en el año 2017.

Programa de Acciones Compensatorias en Educación: busca asegurar una educación de calidad e igualdad de oportunidades. En 2016, este programa se dirigió al 5% de la población en edad escolar, representando el 4.8% del presupuesto en educación. Algunas de sus iniciativas incluyen:

  • NEXOS: su objetivo es articular la educación secundaria con la universidad a través de tutorías académicas en las escuelas y la producción de material educativo. Apunta a fortalecer el proceso de inserción del estudiantado en el nivel superior, promover la continuidad de estudios y brindar las competencias requeridas por el mundo del trabajo.
  • ASISTIRÉ: provee personal para acompañar a alumnos de secundaria en riesgo de abandono escolar.
  • Escuelas Faro: apoya a escuelas primarias y secundarias públicas vulnerables por medio de la revisión de las condiciones del aprendizaje y la organización pedagógico-institucional. El programa brinda asesoramiento y servicios de acompañamiento así como recursos y materiales pedagógicos.
  1. Políticas y programas educativas para proporcionar recursos al estudiantado y a sus familias

PROGRESAR: becas que brindan ayuda económica para finalizar la educación obligatoria o realizar cursos de formación profesional. Están dirigidas a estudiantes de 18 a 24 años que pertenezcan a hogares que no superen tres salarios mínimos. En abril 2020, la beca es de USD 26,6 por mes y se cobra por un máximo de 10 meses durante el año escolar. El monto devengado para este programa fue del 11% del gasto público educativo en 2016. En el 2019, se otorgaron 640,000 becas que cubrieron al 4.47% de la población en edad escolar. PROGRESAR cuenta con financiamiento del Banco Mundial por cuatro años (2019-2023) para la administración y evaluación del programa (USD 290m).

Becas de apoyo a la escolaridad: son becas anuales destinadas a grupos específicos, como hijos de veteranos de guerra, estudiantes en conflicto con la ley penal, alumnos de pueblos originarios o alumnos en situación de padrinazgo presidencial.

 

  1. Políticas y programas sociales para proporcionar recursos al estudiantado y a sus familias

Asignación Universal por Hijo (AUH): es una transferencia monetaria condicionada que se otorga a familias vulnerables por cada hijo menor de 18 años (hasta cinco hijos). El 80% de la transferencia se recibe mensualmente (USD 37.5) y el 20% (USD 9.4) restante se paga anualmente una vez que los beneficiarios demuestren que han cumplido con las condicionalidades: asistencia escolar y visitas médicas correspondientes. En 2016, el gasto del programa fue de 0.61% del PBI, cubriendo al 9% de la población total. La AUH recibe financiamiento del Banco Mundial, y entre 2016 y 2020 recibió USD 1.5bn.

Ayuda escolar anual: es una transferencia de USD 39.5 para madres o padres de hijos en edad escolar, debiendo presentar certificado de escolaridad. Está dirigida a beneficiarios de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo.

Última modificación:

Mié, 07/07/2021 - 10:40

Temas