INCLUSIÓN
3. Leyes, políticas y programas
6. Docentes y personal educativo
Educación Inclusiva
Según la Política de Educación Inclusiva (2010) la educación inclusiva es «el conjunto de respuestas educativas orientadas a la eliminación gradual y efectiva de las barreras de acceso y participación que faciliten el cumplimiento del derecho efectivo a una educación oportuna, integral, de calidad y en condiciones de equidad en el marco de un esfuerzo constante de transformar y fortalecer el sistema educativo, empoderar la escuela y facilitar la participación de la comunidad en todo el hecho pedagógico».
Educación Especial
La Ley General de Educación aprobada mediante el decreto no. 917 de 2018 decreta que .la educación especial es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se ofrece, a través de metodologías dosificadas y específicas, a personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE). La Educación de personas con NEE se ofrecerá en instituciones especializadas y en centros educativos regulares, de acuerdo con las necesidades del educando, con la atención de un especialista o maestros capacitados. Las escuelas especiales brindarán servicios educativos y pre-vocacionales a la población cuyas condiciones no les permitan integrarse a la escuela regular.
La educación de personas con NEE se ofrece en instituciones especializadas y en centros educativos regulares según las necesidades del educando. De acuerdo con el Censo Escolar de 2014, el 85% de los niños y jóvenes con discapacidad asisten a escuelas del sistema regular y el resto a escuelas de Educación Especial. Sin embargo, de acuerdo con el Plan Salvador Educado (2016) “resulta alarmante que existe un 18% de los casos registrados en los que no se especifica el tipo de discapacidad”.
El Modelo de Escuela Inclusiva en El Salvador surge en 2005 cuando la Dirección Nacional de Educación con el apoyo del Gobierno Italia buscaron pasar de una escuela inclusiva tipo experimental a un sistema territorial educativo inclusivo. Se desarrolló un proyecto piloto en el centro escolar “República de Haití” que se amplió luego a 18 escuelas inclusivas a nivel nacional. En el 2009 el proyecto se institucionaliza y adquiere el nombre de Modelo de Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno (EITP). El modelo incluyó cambios en la organización escolar, adecuaciones curriculares, ampliación de la jornada escolar y mayor participación de la comunidad.
Según el Ministerio de Educación el EITP busca “fomentar una escuela segura con ambiente para la igualdad y la diversidad con las siguientes características: apuesta por la calidad de los procesos de aprendizaje y uso del espacio físico, la organización y dirección escolar, así como el entorno familiar del estudiantado, la comunidad o la realidad cultural y social del contexto estudiantil; establecimiento como punto de partida del principio de que la educación formal es un camino que hace frente al desafío de universalizar el acceso para las niñas, los niños y los adolescentes, de una enseñanza de calidad y pertinente en todos los niveles desde la primera infancia, la educación básica y educación media general y técnica; e inclusión de ofertas de modalidades flexibles para la continuidad educativa de la población fuera del sistema. En el modelo, los principios de inclusión facilitan las oportunidades de acceso, permanencia y egreso efectivo del estudiantado en condiciones de igualdad, no solo por discapacidad, sino por género, credo, raza u otra condición”.
El Plan Salvador Educado (2016) propuso la creación de un Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (SI EITP) y un acompañamiento técnico para su seguimiento y sostenibilidad. Entre 2016 y 2026 se espera contar con 351 SI EITP en funcionamiento que atiendan 558,180 estudiantes. El Plan también contempla un programa de incentivos para centros educativos y docentes que impulsan prácticas inclusivas en su gestión institucional, administrativa y pedagógica, diseñado e implementado. El SI EITP, consiste en una estrategia de organización institucional que busca reunir centros educativos cercanos en un mismo territorio para compartir experiencias de aprendizaje y complementar la provisión de los servicios educativos.
La Constitución Política de El Salvador (1983) promueve el derecho a la educación. El artículo 58 establece que “ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivo de la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, religiosos, raciales o políticas.”
La Ley General de Educación (2018) rige el sistema educativo salvadoreño. La ley establece que el Estado creará políticas de acceso a la educación y fomentará el pleno acceso de la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación. Dicha estrategia incluirá el desarrollo de una infraestructura física adecuada, la dotación del personal competente y de los instrumentos curriculares pertinentes. La ley determina que la educación parvularia y básica es obligatoria y será gratuita, junto con la Educación Especial, cuando la imparta el Estado. La educación básica comprende regularmente nueve años de estudio del primero al noveno grado.
El Estado fomentará los programas de becas, subvenciones y créditos financieros para quienes, teniendo capacidad intelectual y aptitud vocacional, aspiren a estudios superiores a la educación básica. El Capítulo VIII hace referencia a la modalidad de educación especial.
El decreto no. 468 de 2004 regula la educación superior, así como la creación y el funcionamiento de las instituciones estatales y privadas que la impartan.
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia aprobada en 2009 promueve en su artículo 11 el principio de igualdad, no discriminación y equidad. La educación inicial, parvularia, básica, media y especial será gratuita y obligatoria.
Desde 2010, El Salvador cuenta con una Política de Educación Inclusiva la cual busca responder a las necesidades de niños, jóvenes y adolescentes que:
- No acceden a la escuela
- No avanzan como se espera (o avanzan demasiado en relación con los demás)
- Repiten grado, llegan a sobre edad o abandonan la escuela.
- Estando dentro de la escuela son marginados por pertenecer a grupos vulnerables (estudiantes con NEE, grupos étnicos, por cuestiones de género y condición social).
La política buscó desarrollar una atención educativa a la diversidad a través de intervenciones significativas en materia de educación inclusiva.
En 2005 fue elaborado el Plan Nacional de Educación 2021, concebido como un plan educativo a largo plazo. En el marco de este plan se desarrollaron políticas y líneas estratégicas para la consecución de sus 4 objetivos principales. El acceso a la educación con criterios de equidad es una de las principales líneas estratégicas del plan. Se establece que la expansión del acceso a la educación tendrá que acelerarse en los próximos años y la capacidad el sistema educativo deberá expandirse, asegurando que se atiende la demanda de los niños y niñas, con criterios de equidad, de modo que se brinden servicios a los sectores más desfavorecidos, se aseguren oportunidades sin discriminación de género y se atienda la diversidad. Se desarrollarán políticas para garantizar el acceso a la educación aquellos jóvenes y adultos que nunca fueron a la escuela o que la abandonaron sin terminar sus estudios de educación básica o de bachillerato.
El Plan Salvador Educado (2016) expone seis desafíos de la educación en el país y propone 104 acciones para atenderlos. El plan está orientado a reducir los niveles de desigualdad y exclusión, a romper con los mecanismos que perpetúan estas condiciones en los grupos y familias de menores ingresos, marginadas de los derechos sociales, para lograr una rápida integración de estas personas en la sociedad. El plan prevé el desarrollo y la implementación de una Estrategia (Política) Nacional de Atención Integral a la primera infancia que garantice su acceso y calidad, con enfoque de derechos, género, inclusión y diversidad.
El Salvador reconoce que una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes se encuentran fuera del sistema, ya sea por falta de acceso y cobertura, deserción escolar o exclusión motivada por otras variables como la maternidad adolescente y los jóvenes afectados por la violencia de pandillas. Para hacer frente a este fenómeno el Plan Salvador Educado (2016) buscó crear ambientes escolares integrales, inclusivos, con balance de género, seguros, confortables y de acceso universal para la comunidad educativa, que propicien las condiciones para una educación de calidad. Se crean propuestas para la inserción y continuidad educativas de la población vulnerable (personas con discapacidad, niñas y adolescentes embarazadas o madres, personas en contexto de encierro, pueblos indígenas)
Discapacidad
Según la Ley General de Educación (2018), la educación de personas con NEE se ofrecerá en instituciones especializadas y en centros educativos regulares, de acuerdo con las necesidades del educando, con la atención de un especialista o maestros capacitados. La Educación Especial tiene los siguientes objetivos:
- Contribuir a elevar el nivel y calidad de vida de las personas con NEE por limitaciones o por aptitud sobresaliente;
- Favorecer las oportunidades de acceso de toda población con NEE al sistema educativo nacional;
- Incorporar a la familia y comunidad en el proceso de atención de las personas con NEE
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia determina que el Estado garantizará programas integrados o especiales según el caso, para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad física o mental, especialmente destinados a asegurarles el acceso efectivo a la educación, la capacitación y las oportunidades de esparcimiento. Sin embargo, la ley no cuenta con acciones específicas para asegurar la protección de los niños con discapacidad.
El Salvador cuenta con una Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad (2000), sin embargo según las observaciones finales sobre el Informe inicial de El Salvador de 2013 preparadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley no ha sido armonizada con los contenidos de la Convención. El Comité señaló que esta ley tenía un enfoque asistencial opuesto al enfoque de derechos humanos de la CRPD. También mostró su preocupación por los bajos niveles de matriculación de niños y niñas con discapacidad en las escuelas así y por la ausencia de ajustes razonables para asegurar el acceso a la educación de las niñas y los niños con discapacidad tanto en zonas urbanas como rurales y el acceso a la educación para adultos. Aun cuando la Ley General de Educación (2018) estableció que la educación especial impartida por el Estado debía ser gratuita, el Comité encontró que no se garantiza siempre el principio de gratuidad en la educación de niñas y niños con discapacidad.
La Política de Educación Inclusiva aprobada en 2010, se centró en gran medida en la atención de los estudiantes con NEE. En el marco de la política se desarrollaron políticas de inclusión, integración escolar y atención a la diversidad. Predominan las iniciativas de integración socio-pedagógica encaminadas a la educación inclusiva de estos estudiantes.
Desde el 2013 se han venido realizando acciones para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a la educación como la creación del Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (SI EITP) .
En 2014 se aprobó una Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad la cual fue elaborada por un equipo técnico conformado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Desarrollo Urbano, el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad y representantes de distintas discapacidades. La política buscó transformar la gestión pedagógica hacia el desarrollo de prácticas inclusivas en el centro educativo y en el aula a través de la incorporación de un enfoque de atención a la diversidad y educación inclusiva en los planes de estudio de las carreras universitarias y técnicas, especialmente en las de formación docente y la sistematización de prácticas inclusivas en el currículo educativo. También buscó garantizar a la persona con discapacidad el acceso a la salud sexual y reproductiva, con enfoque de inclusión de género y de derechos humanos.
Género
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2009) establece que El Estado, con la colaboración de la sociedad, deberá establecer una política pública y programas específicos para la prevención a través de la información, la educación y la atención del embarazo precoz en niñas y adolescentes. Así mismo, establece que todas las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico y emocional, tienen el derecho a recibir información y educación en salud sexual y reproductiva, de forma prioritaria por su madre y padre. El MINED deberá incluir la educación sexual y reproductiva como parte de sus programas, respetando el desarrollo evolutivo de las niñas, niños y adolescentes.
La Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (2011) buscó crear las bases jurídicas explícitas que orientarán el diseño y ejecución de políticas públicas que garantizarán la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, sin ningún tipo de discriminación.
La Política de Salud Sexual y Reproductiva (Acuerdo Nº 1181 de 9 de agosto de 2012) del Ministerio de Salud propuso establecer un programa intersectorial de educación sexual y prevención del embarazo en adolescentes.
Al respecto, el MINED desarrolló un Plan de implementación de la Política de Equidad e Igualdad de Género para el periodo 2016-2020 que busca erradicar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el sistema educativo nacional y adoptar medidas para erradicar la violencia de género. Se propone el principio de transversalidad de la educación incluyente y no sexista en todas las políticas, programas, planes y actuaciones del MINED.
Grupos étnicos o lingüísticos y pueblos indígenas
La Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador (2015) buscó contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, mediante el impulso de acciones afirmativas relacionadas con educación. Se propone la implementación de programas educativos con enfoque intercultural y la implementación de escuelas interculturales.
Zonas rurales y remotas
En El Salvador, según datos del Censo Escolar, el acceso a la Educación Básica en el territorio nacional es casi universal. No obstante, según el Plan Salvador Educado (2016), existen brechas territoriales y por ingresos que se agudizan en la Educación Media donde se observan 20 puntos de diferencia en la cobertura entre la zona urbana y la zona rural, y 16 puntos de distancia entre el quintil más rico y el más pobre.
Personas en situación de pobreza
El Plan Salvador Educado (2016) propuso acciones para la erradicación de la pobreza, la inequidad y la exclusión social. Para ello, se busca invertir en la primera infancia y luchar contra la pobreza monetaria que inhibe las posibilidades de acceso y retención en la educación de muchos niños en el país.
Educación en contextos de privación de libertad
La Ley Penal Juvenil decreta que toda medida que se imponga a la persona sujeta de esta ley deberá tener como fin primordial la educación. Existen 4 Centros para la Inserción Social (CPIS) administrados por el ISNA que tienen el cometido de garantizar la atención para el acceso a la educación formal, educación no formal, atención en alimentación y nutrición, atención en salud, atención psicosocial, entre otros.
La Ley General de Educación (2018) determinó que el MINED era el ente encargado de establecer la normatividad en la modalidad de Educación Especial y de coordinar las instituciones públicas y privadas para establecer las políticas, estrategias y directrices curriculares en esta modalidad.
El Consejo Nacional de Educación juega un rol fundamental en la definición de la política educativa salvadoreña. Desarrolló el Plan El Salvador Educado en 2016.
El Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) creado en 2010 coordina, monitorea, vigila y supervisa el cumplimiento de la normativa nacional e internacional para el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad en El Salvador.
La Secretaría de Inclusión Social, trabaja en la en la generación de condiciones que permitan la protección social, el desarrollo, el ejercicio pleno de los derechos y la inclusión social de las personas, desde un enfoque de derechos humanos y género.
Dentro del Ministerio de Educación se encuentra el Departamento de Educación Inclusiva. En 2012 se crea la Dirección Adjunta de Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno encargada de facilitar la planificación, organización, coordinación y desarrollo de acciones estratégicas para la expansión del SI EITP en el país.
La Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad aprobada en 2014 buscó desarrollar la gestión institucional con enfoque de educación inclusiva. Da la responsabilidad al MINED y a la CONAIPD de coordinar y orientar técnica y administrativamente los servicios de educación hacia un enfoque inclusivo en todos los niveles del sistema educativo nacional y revisar y ajustar las normativas institucionales con el fin de incorporar un enfoque inclusivo.
Género
La Unidad de Género del MINED es la responsable de orientar, monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de la Política de Equidad e Igualdad de Género y la coordinación institucional para su transversalización.
Coordinación institucional
El Plan Nacional de Educación 2021, elaborado en 2005 buscó fomentar la eficacia de las instituciones públicas, la coordinación de las interinstitucionales, la colaboración público-privada y la coherencia de cooperación internacional para obtener logros educativos y sociales en todas y cada una de las regiones del país.
Infraestructura y servicios
La Ley General de Educación (2018) determinó que los programas destinados crear, construir, ampliar, reestructurar y reubicar centros educativos, deberán basarse en las necesidades reales de la comunidad, articuladas con las necesidades generales.
En materia de infraestructura, el Plan Salvador Educado (2016) tiene como objetivo el desarrollo de una infraestructura adecuada para todos los niveles que garantice la inclusión y el acceso universal, reduzca la vulnerabilidad y facilite la formación integral.
Currículo
Según Ley General de Educación (2018) el currículo Nacional es la normativa básica para el sistema educativo tanto del sector público como privado. Dejará un adecuado margen a la flexibilidad, creatividad y posibilidad de adaptación a circunstancias peculiares cuando sea necesario.
El Plan Salvador Educado (2016) estableció que el currículo de formación inicial y permanente del personal docente y directivo, debía incorporar un enfoque de género e inclusión y atención a la diversidad , y brindar herramientas para fortalecer el liderazgo escolar en los centros educativos ubicados en contextos de violencia.
La Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador (2015) propuso incorporar cambios curriculares para incluir el conocimiento de la cultura indígena en los diferentes niveles educativos.
TICs y Materiales de aprendizaje
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las observaciones finales sobre el Informe inicial de El Salvador de 2013 incitó a El Salvador a implementar iniciativas y alianzas publico-privadas para desarrollar materiales pedagógicos y metodologías de enseñanza en formatos accesibles así como el acceso a nuevas tecnologías e Internet para estudiantes con discapacidad.
El Plan Nacional de Educación 2021, elaborado en 2005 determina que las instituciones escolares, y cada uno de los docentes, tendrán que enfocar sus esfuerzos en lograr aprendizajes relevantes en los estudiantes, en todos los grados.
La formación docente es uno de los componentes centrales del Plan Salvador Educado (2016). Se desarrollan acciones específicas para la formación continua pertinente, permanente y acreditada de docentes y directores sobre el enfoque de género e inclusión, atención a la diversidad y herramientas para fortalecer el liderazgo escolar en los centros educativos ubicados en contextos de violencia; institucionalizada. Se prevé la ampliación de la cobertura de los asistentes técnicos formados en procesos de inclusión educativa en los centros educativos a nivel nacional.
El MINED cuenta con 600 docentes de apoyo a la inclusión. Sin embargo, esto no es suficiente para atender las necesidades de los más de 8,000 estudiantes con discapacidad distribuidos en 5,100 centros escolares del sistema educativo público.
Género
La Política de Equidad e Igualdad de Género buscó la universalización de la formación en género del profesorado, a cargo de la formación inicial de docentes, así como del personal involucrado en el diseño, ejecución y evaluación de los planes de estudio en terreno. El plan considera que la formación y la capacitación del personal docente constituyen el punto de partida para el proceso de transformación hacia la igualdad de género en los centros educativos.
Estudiantes indígenas
La Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador (2015) propuso la formación y acreditación maestras y maestros indígenas sobre la riqueza universal que representa la cultura indígena y su aporte en la consecución de la educación intercultural inclusiva.
El Ministerio de Educación realiza frecuentemente tareas monitoreo y recolección de datos a través del censo escolar.
