INCLUSIÓN
3. Leyes, polÌticas y programas
6. Docentes y personal educativo
Educación Inclusiva
Según el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC) la educación inclusiva es un “proceso continuo que, como derecho humano universal, se ofrece a la totalidad de la población estudiantil mediante procesos educativos de calidad y equidad, a partir de un currículo pertinente y flexible que busca el desenvolvimiento integral de la persona, involucra a todos por igual, se reconoce y valora la diversidad humana y se procura la eliminación de toda barrera que limite u obstaculice el aprendizaje y la participación plena en equiparación de oportunidades”.
El Decreto no. 40955 de 2018 para el Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo determina que la educación inclusiva implica el acceso a una educación de calidad para todos, incluyendo a la población con discapacidad, sin ningún tipo de discriminación, lo cual exige una transformación profunda de los sistemas educativos, la puesta en ejecución de políticas y programas educativos que garanticen el acceso y permanencia en todos los niveles y modalidades, incluyendo las no formales.
Necesidades Educativas Especiales (NEE)
La Ley no.7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (1996) definió la necesidad educativa especial como la necesidad de una persona derivada de su capacidad o de sus dificultades de aprendizaje.
Existen centros de educación especial para las personas que por su condición de discapacidad, requieren de apoyos más intensos y permanentes, los cuales no pueden ser ofrecidos en otros centros. En el 2018 existían en Costa Rica 258 aulas integradas. Una directriz del Ministerio de Educación Público (MEP) obligó a eliminarlas y a favorecer la educación inclusiva. Se realizó un plan piloto para la inclusión de los niños con discapacidad en escuelas regulares que demostró que se requiere más capacitación de docentes y campañas de información para que los padres de familia de niños con discapacidad conozcan las ventajas de la educación inclusiva.
La Política Nacional de Discapacidad: 2011-2021 (PONADIS) establece que los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, deberán tener las oportunidades de inclusión en el sistema educativo que mejor les favorezcan y propicien su desarrollo integral. Los centros de educación superior públicos y privados deberán proveer apoyos y ayudas técnicas en todas sus sedes y oferta educativa; para que éstos puedan acceder en igualdad de oportunidades a la educación superior.
Costa Rica está avanzando hacia la inclusión educativa. La educación especial ha dejado de ser un lugar específico, un aula o un centro para el estudiantado con una condición de discapacidad, para convertirse en parte del sistema de apoyos que eventualmente requiere la población en su trayectoria educativa, la misma que siguen todos los estudiantes en el sistema educativo. Existen tres centros de apoyo en el país para estudiantes con discapacidad visual y estudiantes que requieren frecuentemente de tratamiento médico.
La ley Fundamental de Educación o Ley no. 2160 de 1957 regula el sistema educativo costarricense. Establece que todo habitante de la República tiene derecho a la educación. Todos los educandos tendrán acceso a las instituciones educativas sin distinción de raza, religión, posición social o credo político.
El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 buscó incrementar la cobertura y la calidad en todos los niveles educativos. Se promueve la educación diversificada para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes que viven en las regiones y distritos donde hay mas altos índices de deserción escolar. Se promueve además la equidad en la educación y el mejoramiento de la educación indígena.
Discapacidad
Costa Rica se ha adherido a diferentes convenciones internacionales relativas a la discapacidad, entre ellas la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aprobada en febrero de 1970; la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, aprobada en noviembre de 1999; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada en agosto de 2008 mediante la Ley No. 8661.
En cuanto a la legislación nacional, en 1973 se aprobó la Ley no. 5347 la cual llevó a la creación del el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) el cual estaba encargado de la política de educación especial para las personas “físicas o mentalmente disminuidas” en coordinación con los Ministerios de Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social.
En 1987 se dio inicio al proceso de formulación de políticas públicas inclusivas en las instituciones del Estado costarricense al crearse las condiciones estructurales necesarias para evitar la exclusión y discriminación de las personas con discapacidad y garantizar el acceso a la educación.
La Ley no.7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 1996 en su artículo 14 garantiza el acceso oportuno a la educación a las personas, independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Su Reglamento se aprobó por Decreto Ejecutivo en marzo de 1998. La ley establece que el MEP promoverá la formulación de programas que atiendan las NEE en todos los niveles. Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y proporcionarán los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las personas a la educación sea efectivo.
El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), creado en mayo de 2015 funciona adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es garante de los derechos de las personas con discapacidad, incluida la educación.
Con el Decreto no. 40955 de 2018 para el “Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense”, se garantiza el acceso universal de las personas con discapacidad al sistema educativo. Así mismo, se busca implementar en todos los niveles y modalidades, un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad que garantice el acceso a los servicios de apoyo que requieran las personas con discapacidad. El MEP destinará los recursos económicos, humanos y tecnológicos necesarios para garantizar la educación inclusiva.
La Política Nacional de Discapacidad: 2011-2021 (PONADIS) fue creada para garantizar la promoción y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Parte de cuatro enfoques fundamentales: Derechos Humanos, Desarrollo Inclusivo con Base Comunitaria, Equidad de Género y Gerencia Social por Resultados.
La PONADIS aborda el derecho a la educación de las personas con discapacidad a partir del acceso universal y la equidad. Los lineamientos educativos de la PONADIS incluyen la educación universal, accesible y de calidad, educación contextualizada, educación para la sexualidad humana y el fortalecimiento de la educación inclusiva. Como parte de la educación contextualizada “se reconocen las necesidades específicas de las distintas poblaciones estudiantiles –en especial de las personas con discapacidad- en razón de la zona de residencia y a su propia cultura y cualquier otra condición que les caracterice. Igualmente se reconoce el derecho a la educación de todas las personas con discapacidad migrantes en el sistema educativo costarricense.”También se prevé servicios de apoyo y ayudas técnicas para los estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad. El MEP realizará esfuerzos para lograr plena cobertura educativa en todas las modalidades y ciclos de educación especial y en general, la inclusión e integración de las personas con NEE al resto de la comunidad educativa.
El Plan nacional de desarrollo del Sector Educativo (2015-2018) presenta el balance del cumplimiento de metas de objetivos sectoriales, programas y proyectos durante este periodo.
El Pacto por un País Accesible e Inclusivo acordó el establecimiento de una Política Nacional de Educación Inclusiva que promueva la equidad y de calidad de la oferta educativa para las personas con discapacidad en todos los niveles (desde el preescolar) de la educación formal y técnica, así como la inclusión de los programas educativos para las personas adultas con discapacidad múltiple, intelectual y psicosocial.
Género
La ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley no. 7142 de 1990) prohíbe en cualquier institución educativa nacional todos los contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles en la sociedad a hombres y mujeres contrarios a la igualdad social y a la complementariedad de los géneros, o que mantengan una condición subalterna para la mujer.
En las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Costa Rica del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres publicadas en el 2017 se observó con preocupación la ausencia de información desagregada por edad, etnia y condición socioeconómica sobre acceso de niñas a la educación, su matriculación, terminación y tasas de abandono escolar, especialmente por razones de embarazo temprano, y educación bilingüe para indígenas mujeres y niñas. También se concluyó que no se han implementado medidas suficientes para reducir la deserción escolar de adolescentes embarazadas y garantizar su derecho a regresar a la escuela durante el embarazo y después del parto.
La Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género es la hoja de ruta del Estado costarricense hacia la igualdad. busca aumentar el número de niñas, niños y adolescentes que reciben una educación para la sexualidad y la afectividad. Entre 2012 y 2013 se crea el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral (PASI) en el sistema educativo para este propósito. El III Plan de acción de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género (2015-2018) buscó aumentar el porcentaje de niñas, niños y personas adolescentes en el sistema educativo que reciben educación para la igualdad y equidad de género y de la sexualidad y afectividad con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos.
Costa Rica ha venido avanzando en el desarrollo de una Política Nacional para la formación, educación y empleabilidad de las personas trans. Recientemente se creó una mesa de trabajo para elaborar una propuesta final de la política.
Estudiantes indígenas y grupos étnicos y lingüísticos
Un tercio de las personas indígenas en Costa Rica son niños, niñas y adolescentes. El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 prevé el mejoramiento de la educación indígena a través del fortalecimiento de los programas de estudio, la cobertura de los servicios y la capacitación docente.
El Decreto no. 37801 de 2009 reforma el subsistema de educación indígena. Establece las particularidades de la educación indígena en términos de objetivos, idiomas, enfoque, organización administrativo-territorial y recursos humanos. Igualmente se definen los procedimientos de consulta y los mecanismos de participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de las decisiones que les competen en materia educativa. Se establecen como objetivos de la educación indígena la preservación de los idiomas indígenas, la promoción del diálogo intercultural, y la formación de educadores originarios de comunidades y pueblos indígenas entre otros. Así mismo, se promueve el acceso universal de la población indígena a la educación todos los ciclos y niveles y a las modalidades educativas disponibles que mejor se adapten a sus necesidades socio-culturales y la creación de instituciones educativas propias de los pueblos indígenas
Pobreza
El Decreto no. 37801 de 2019 establece que la educación es una prioridad para el desarrollo integral del ser humano y el bienestar de la colectividad, así como el principal instrumento para enfrentar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Migrantes y refugiados
El Ministerio de Educación Pública junto con el Fondo Social Migratorio vienen realizando iniciativas para favorecer la integración de los migrantes en los centros educativos costarricenses y mejorar su rendimiento académico.
En el 2018 se aprobó una directriz que impulsa medidas para integrar a migrantes y refugiados y pide luchar contra la xenofobia en las aulas.
El Compedio de normas acerca del derecho a la Educación de la población migrante y refugiada preparado por el MEP junto con la ACNUR señala que el MEP ha abordado la inserción de estudiantes extranjeros desde distintos ámbitos de acción, los cuales incluyen una política pública en materia educativa, un abordaje curricular y extracurricular en materia migratoria y la gestión migratoria en los centros educativos,. Se estima que alrededor del 4% de los estudiantes son extranjeros, la mayoría provenientes de Nicaragua.
Según la ACNUR, en respuesta a la afluencia de nicaragüenses, muchas escuelas en el norte del país han comenzado a simplificar sus requisitos para permitir que los niños sin documentación oficial se registren. Algunas escuelas están ofreciendo lecciones adicionales destinadas a favorecer la integración de estos niños.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) es el encargado de la creación y ejecución de políticas educativas en Costa Rica. Cuenta con el apoyo de distintos departamentos entre los cuales se destaca el Departamento de Desarrollo Organizacional de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, el cual promueve el desarrollo organizacional de las Direcciones Regionales de Educación (DRE).
El Conapdis es el ente rector en discapacidad encargado del desarrollo y la implementación la Política Nacional en Discapacidad.
El Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC) es un órgano de mínima desconcentración del MEP que en el marco de la Educación Inclusiva potencia su desarrollo y la participación activa en la sociedad de las personas con discapacidad, mediante la articulación con diversos actores sociales. La Comisión Institucional sobre la Accesibilidad y Discapacidad del Ministerio de Educación Pública (CIAD-MEP) es la encargada de coordinar e impulsar la normativa vigente sobre accesibilidad para personas en condición de discapacidad.
Existen a nivel regional, Asesorías Regionales de Educación Especial que abogan por la inclusión de los niños con discapacidad en el sistema educativo.
En materia de género el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) juega un rol fundamental en la implementación de políticas educativas que beneficien la igualdad de género.
El Departamento de Educación Intercultural apoya los procesos de contextualización curricular y pertinencia cultural y atiende a diversas poblaciones como la indígena, afro costarricense y con situaciones migratorias especiales.
Infraestructura y servicios
La PONADIS promueve la creación de espacios seguros y accesibles para las personas con discapacidad que asisten a las instituciones educativas, a los educadores y las educadoras y al personal en general que desarrollan sus tareas en estas instituciones. Se promueve la existencia de espacio para la práctica de deportes y para el juego durante los recreos, de baterías sanitarias suficientes y adecuadas, de condiciones de acceso seguras, de salones de clase en buen estado, y del mobiliario y los materiales didácticos adecuados para garantizar el logro de las metas anuales del proceso educativo.
El Programa de ayudas técnicas para estudiantes con discapacidad busca otorgar a la población estudiantil en condición de discapacidad permanente el equipo o materiales que requiera para favorecer su proceso de formación educativa en igualdad de condiciones que los demás estudiantes.
Currículo
Según el Decreto no. 40955 de 2018 la educación inclusiva implica el acceso a una educación de calidad para todos, incluyendo a la población con discapacidad. Para ello se requiere la ejecución de currículos desde el Diseño Universal de Aprendizaje de manera que estos potencien su desarrollo personal y social hacia la verdadera inclusión de las personas con discapacidad.
En el marco de la PONADIS, se promueve la transformación curricular en todos los niveles educativos y en la formación inicial de educadores y educadoras, el mejoramiento del profesorado en ejercicio, la elaboración y el acopio de recursos didácticos materiales y virtuales accesibles a las personas con discapacidad para el fortalecimiento de la educación inclusiva.
El Pacto por un País Accesible e Inclusivo busca incluir en la evaluación de la reforma curricular el respeto a la diversidad y la inclusión de las personas con discapacidad.
El Decreto no. 37801 de 2019 relativo a la educación indígena establece que el gobierno debe facilitar los recursos curriculares, pedagógicos y financieros para el buen cumplimiento del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que habitan los territorios indígenas.
TICs y Materiales de aprendizaje
El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021 “Costa Rica una sociedad conectada” estableció dentro de sus políticas públicas desarrollar la política para la promoción de la accesibilidad de las telecomunicaciones con algún tipo de discapacidad. La Directriz no. 051 de 2012 obligó a que los sitios web sean accesibles para las personas con discapacidad. Se promueve el diseño universal de productos, entorno, programas y servicios que puedan ser usados por todas las personas para garantizar su accesibilidad e inclusividad.
La formación permanente del personal docente es uno de los lineamientos del eje de educación de la PONADIS. Promueve la formación permanente del personal docente et se establece que las “instituciones de educación superior formadoras de educadores y educadoras, quienes deberán realizar los esfuerzos necesarios para mantener una oferta de educación inicial y continua pertinente, actualizada e inclusiva, centrada en el cumplimiento del derecho de las personas con discapacidad a una educación que dé respuesta a sus necesidades de desarrollo y de inserción al mundo.”
El Decreto no. 37801 de 2019 establece que se debe promover y facilitar la formación de educadores originarios de las comunidades y pueblos indígenas y su participación en la formulación y ejecución de los programas de estudio.
La Ley de Carrera Docente (N°2235 –MEP y sus reformas) establece como obligaciones de Personal Docente no incurrir o promover prácticas discriminatorias, de cualquier tipo, hacia alguna persona servidora, estudiante o externa a la Institución por razón de su etnia, género, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad o por cualquier tipo de discriminación contraria a la dignidad humana”.
No hay evidencia de un mecanismo para la recolección y el monitoreo de la educación inclusiva en Costa Rica. Costa Rica fue uno de los países que participaron en la elaboración del SIRIED.
